CAMBIO CLIMÁTICO Y GÉNERO – RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA DE LA REDCiC

La crisis climática es, ante todo, una crisis de poder y el síntoma de un mundo profundamente injusto y desigual. No es solo un desafío ambiental, es el resultado de un sistema social basado en múltiples formas de opresión –de género, raza, clase, (dis)capacidad, identidad y orientación 

sexual, edad, entre otras– que han dejado a las mujeres, especialmente a las más vulnerables, desprotegidas frente a sus peores impactos. Esta crisis, intensifica la violencia de género, exponiendo a mujeres y niñas a mayores riesgos de violencia física y sexual en contextos de desastre y precariedad. Durante y después de los desastres, mujeres, infancias y personas LGBTQ+ enfrentan mayor exposición a la violencia física y sexual, al desplazamiento forzado y a la falta de acceso a servicios esenciales. Además, las mujeres, especialmente las más pobres y marginadas, soportan una carga adicional de trabajo de cuidados que se intensifica en tiempos de crisis, limitando su participación en la toma de decisiones y la vida económica. Sin embargo, las mujeres no son simplemente víctimas del cambio climático; ellas lideran esfuerzos comunitarios y son agentes clave en el cambio social. Las políticas climáticas con enfoque de género deben centrarse en proteger a las personas más vulnerables –mujeres, infancias y personas feminizadas y racializadas– mediante estrategias que incluyan la prevención de riesgos, la mitigación de los impactos inmediatos y la atención a los efectos subsecuentes. Esto implica responder tanto a los daños físicos como a las consecuencias emocionales, garantizando la seguridad y el bienestar de las personas más afectadas en todas las etapas de la crisis climática. La redistribución equitativa del trabajo de cuidados, la promoción de las mujeres como agentes clave de la adaptación y la mitigación, así como su reconocimiento y respaldo como pilar de resiliencia comunitaria, son todas cuestiones fundamentales. La REDCiC, desde su grupo de trabajo en Cambio Climático y Género, recomienda el avance de mecanismos de política pública que, entre otras cuestiones, reconozcan el valor económico y social del trabajo de cuidados; asignen recursos para crear infraestructura de cuidado accesible y de calidad; establezcan programas que promuevan una participación igualitaria en estas tareas entre todos los miembros de la sociedad; y aseguren la justicia económica y financiamiento justo, incluyendo programas de reparación y acceso igualitario a recursos para proyectos sostenibles liderados por mujeres. 

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